ugg ofertas online CIDH constató grave crisis de DH en México

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Al realizar sus observaciones preliminares de su visita In Loco en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la grave crisis de derechos humanos caracterizada por la situación extrema de inseguridad y violencia que se vive en el país en temas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, pero además en la falta de acceso a la justicia, impunidad, agresiones a periodistas y defensores.

En conferencia de prensa, la presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, agradeció la disposición del gobierno mexicano para que se realizara esta visita a México y reconoció los esfuerzos que ha tomado el Estado para hacer frente a la situación, en particular, reconoció las reformas en materia de Derechos Humanos vigentes a partir del 2011, las reformas constitucionales y los protocolos para casos de tortura y desaparición forzada.

Sin embargo, y tras respaldar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa, la funcionaria del organismo regional dijo que en esta visita pudieron constatar “la grave crisis de derechos humanos que se caracteriza por una situación extrema de inseguridad y violencia” con graves violaciones en especial en temas desapariciones, ejecuciones y tortura.

Sealó que el efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, nios, nias y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros.

La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.

Y que la violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México, ya que, tal como lo indicó una alta autoridad en reunión con la CIDH: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y sobre nuestras propias tragedias”.

En este contexto, precisó que en todos los lugares que la CIDH visitó durante estos días se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades.

La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia ha generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la CIDH constató en reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones por temor a represalias, generando un problema grave de sub registro en las cifras oficiales.

Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47 aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.

Destacó que sin perjuicio de los avances sealados en materia de protocolos, códigos y leyes, la respuesta estatal enfrenta insuficiencias y obstáculos en su implementación.

La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.

La militarización de la seguridad ciudadana,
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atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, así como una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país, ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad.

Consideró indispensable que el gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponden a la policía civil.

A través del uso de la violencia y de la utilización de cifras millonarias para intentar corromper funcionarios y autoridades del Estado, grupos del crimen organizado manejan tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes, así como redes de secuestro y extorsión, y utilizan el reclutamiento involuntario de personas.

La violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera diferenciada a ciertas zonas. Los estados fronterizos con Estados Unidos de América Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sienten de manera particular la violencia relacionada al narcotráfico y al crimen organizado. Las principales zonas de tránsito de migrantes el Istmo de Tehuantepec y los corredores migratorios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas también resienten la violencia relacionada al tráfico de drogas y armas, y a la trata de personas.

Los estados de Michoacán y Guerrero, entre otros, han visto el surgimiento de las “autodefensas” y policías comunitarias, y en enero de este ao en Apatzingán resultaron muertas 16 personas civiles desarmadas que realizaban una protesta, en hechos que según testimonios y fotografías habrían sido ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes federales.

En mayo de 2014, en el Estado de México ocurrió la muerte de 22 personas en Tlatlaya, en hechos por los cuales siete soldados del ejércitos están siendo procesados.

El estado de Guerrero, uno de los estados del país con mayor incidencia de la pobreza, no sólo ha vivido uno de los sucesos más trágicos en la historia reciente del país con la desaparición de los 43 estudiantes, sino que en el proceso de su búsqueda se descubrieron fosas colectivas clandestinas con los restos de 129 personas, que en su mayoría siguen sin estar identificadas, y familiares han denunciado que 450 personas han sido desaparecidas desde 2008 solamente en ese estado.

Esto evidencia que las desapariciones son generalizadas en México y que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado.

La CIDH expresó su especial preocupación ante la situación de inseguridad en el Municipio de Iguala. Los testimonios recibidos fueron categóricos al sealar su preocupación ante la integración del nuevo equipo de seguridad. De acuerdo a los testimonios, los nuevos encargados de seguridad en el nuevo gobierno local de Iguala habrían estado investigados y habrían sido interrogados por los hechos de Ayotzinapa.

En este sentido, la CIDH hizo un llamado urgente al Estado mexicano a adoptar medidas a fin de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de Iguala, así como adoptar medidas especiales de protección y atención para los familiares de “Los Otros Desaparecidos” de Guerrero, incluyendo medidas para garantizar que sus reuniones y gestiones en Iguala se realicen con seguridad.

LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA Y EL GIEI

El 26 y 27 de septiembre pasados, cuando la delegación de la CIDH llegaba a México para la visita In Loco, se cumplió el primer aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en el estado de Guerrero, hechos en los cuales también resultaron heridas y asesinadas otras personas.

Esta grave tragedia se ha convertido en un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones forzadas en México, y en particular en Guerrero, así como sobre las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes.

La CIDH se reunió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue establecido por la CIDH a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

El GIEI asiste al Estado mexicano en cuatro áreas de trabajo en relación a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014: la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnicos de las líneas de investigación que buscan determinar responsabilidades penales, los planes de atención integral y reparación a las víctimas de los hechos, y la adopción de políticas públicas para evitar la repetición de hechos similares. La CIDH tiene una medida cautelar vigente sobre estos hechos.

La Comisión respalda el trabajo realizado por el GIEI hasta la fecha en todos sus aspectos y acompaa los informes presentados por el Grupo.

Con base en estos informes,
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la Comisión Interamericana urge al Estado mexicano a tener en cuenta el informe presentado por el GIEI el 6 de septiembre de 2015 a fin de reorientar el curso de la investigación para esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.